En el Perú, como en otros países, se va perdiendo cada vez más la capacidad de discrepar con respeto y, por lo tanto, de escucharnos los unos a los otros; se hace entonces más difícil tender puentes que permitan a llegar a consensos indispensables. Con ello, contribuimos a la fragilización de nuestro sistema democrático, que ya está bastante endeble.   

El Estado y la sociedad en su conjunto no pueden seguir manteniéndose inermes ante esa peligrosa realidad.

Naturalmente, no se puede pretender que el debate político sea una conversación de salón. Siempre estará marcado por la pasión, con discusiones frecuentemente duras y hasta airadas, más allá de que, obviamente, también dé lugar a diálogos sosegados en busca de coincidencias.

Lo importante es que los intercambios se mantengan dentro de los márgenes de la decencia, es decir, que se den con argumentos y no con insultos ni mucho menos con mentiras y difamaciones, sean estas directas, o, peor aún, bajo la forma de insinuaciones calumniosas.

No es una cuestión solo de corrección sino también de luchar contra la polarización, pues esta se alimenta de las informaciones falsas y las acusaciones sin fundamento.

Hay varias iniciativas valiosas desde diversos sectores para mejorar la calidad de nuestro debate público, pero se requiere de un verdadero plan nacional estratégico que signifique una acción sistemática y que involucre al Estado, a los medios de comunicación y a la sociedad civil.

En ese marco, es indispensable que, como parte de la educación cívica en los colegios, se fomente el intercambio de ideas con argumentos y se proporcionen herramientas para detectar informaciones falsas. Varios especialistas han escrito libros sobre lo último, por lo que no se trata de inventar la pólvora. Lo mismo debe darse, por cierto, en las universidades.

A ello, debería sumarse una campaña, también educativa, y, tal vez impulsada por el Jurado Nacional de Elecciones, en los diarios, la radio, la televisión y las redes sociales; el sector privado podría contribuir a su financiamiento.

El periodismo también debería entrar a tallar, yendo más allá de la misión informativa, para asumir un rol docente. Me refiero acá específicamente a los entrevistadores en las cabinas de radio y los sets de televisión, y a los reporteros que van en busca de declaraciones. Como regla esencial, ante cualquier acusación de una persona contra otra, siempre deberían reaccionar exigiendo el sustento correspondiente y, si no se da, hacerlo notar. Ello, no solo por una cuestión de profesionalismo, sino, también, porque ayudaría a inhibir el afán difamador entre los protagonistas, y, sobre todo, porque educaría al público, reforzando su espíritu crítico ante los diferentes dichos que van y vienen.

En esa línea, el Consejo de la Prensa Peruana podría sugerir un protocolo a seguir y una capacitación que incluya de manera especial, la detección de insinuaciones calumniosas.

La democracia bien vale ese tipo de esfuerzos. No nos quedemos de brazos cruzados.