Se quiere insistir con las elecciones en los colegios profesionales como mecanismo para la designación de buena parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Es decir, una decisión tan importante y crucial para el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público se seguiría dejando prácticamente a la buena de Dios, esperando que los candidatos más idóneos moral y profesionalmente resulten triunfadores. Eso es como jugar a la ruleta rusa. Que se establezcan criterios más estrictos para los postulantes o que se haga obligatoria la intervención de la ONPE en los comicios, como se ha planteado, no cambia mucho esa realidad.  

Obviamente, se tiene que hacer todo lo contrario: hay que instituir un mecanismo que nos proporcione las mayores posibilidades de que los miembros del CNM sean los adecuados. Esto implica, en primer lugar, que quienes tengan el encargo de efectuar los nombramientos sean personas plenamente identificables y, por lo tanto, puedan ser expuestos ante la opinión pública en caso de una mala decisión. Eso es imposible de hacer con un cuerpo de electores anónimos. En segundo término, debe poderse frenar o revertir una determinación equivocada. En buena cuenta, tenemos que introducir el miedo al escándalo como factor fundamental del mecanismo de designación.

Claramente, el gobierno y el Congreso tienen ese temor. Esa es una ventaja del proyecto de reforma presentado por el oficialismo al darles a los poderes Ejecutivo y Legislativo la facultad de seleccionar a un consejero cada uno. El riesgo de injerencia política que preocupa a muchos se relativiza bastante si se mantiene el número de consejeros en siete o incluso se incrementa a nueve como se ha propuesto.

En lo que concierne a los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, no deberían ser el conjunto de los vocales supremos y de los fiscales supremos, los encargados de las designaciones, sino las cabezas de ambas instituciones.

Lo mismo debería pasar con los nombramientos efectuados por los organismos de la sociedad civil, tales como los colegios de abogados, o la CONFIEP.

Otro elemento esencial es que las selecciones sean efectuadas en base a ternas anunciadas con la debida anticipación, para que los medios y toda persona interesada puedan hacer su trabajo de escrutinio de los postulantes y, así se puedan evitar malas decisiones.

Por cierto, debería evaluarse la posibilidad de que el Banco Central de Reserva, el Tribunal Constitucional y/o la Defensoría del Pueblo también participen del proceso, como han sugerido algunos.

Finalmente, es imperativo que los actuales miembros del CNM, que han caído en total desprestigio, suspendan el procedimiento que han iniciado para llenar las vacantes en la Corte Suprema, de modo tal que sea retomado por quienes los reemplacen tras la adopción de la reforma de la institución.