Volvió a hacer noticia de triste manera. Recientemente, el programa Panorama denunció que uno de sus miembros, el ex juez supremo Segundo Morales Parraguez, hizo contratar como asesor del CNM al novio de su hija, para lo cual se flexibilizaron previamente los requisitos para acceder a ese cargo. Más allá de que se hubieran respetado las formas legales, se trataba de un hecho poco decoroso y sujeto a sospecha de favoritismo en detrimento de otros postulantes. Ante el escándalo, el futuro yerno se vio forzado a renunciar.   

El episodio constituye un nuevo golpe a la credibilidad de la institución, ya bastante mellada y debería ser un aliciente para no postergar más su indispensable reforma, en particular en lo que se refiere al modo de designación de sus miembros. El partido de gobierno prometió llevarla a cabo. Esperemos que no demore en hacer un planteamiento en ese sentido, menos aún en momentos en que se encuentra urgido de mostrar liderazgo.

Por su parte, la asociación civil Transparencia acaba de presentar un proyecto de reforma, como parte de un conjunto de propuestas de cambios legales y constitucionales reunidas bajo el nombre “Plan 32”. Se plantea que los consejeros sean designados por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, la Corte Suprema, el Banco Central de Reserva, y por concurso público. Se apunta con ello a incrementar significativamente las posibilidades de que sean nombradas personas de primer nivel profesional y, a la vez, que no dejen dudas en cuanto a su idoneidad moral, algo en lo que, está visto, el actual sistema ha representado un doloroso y muy peligroso fracaso. Es una buena base de discusión, a la que debería añadirse una propuesta de disposición provisional para que los actuales consejeros dejen sus cargos.

Recordemos en estos tiempos de gran preocupación por la inseguridad que, para luchar contra ella se requiere, no solo de una buena política en el ministerio del Interior, sino también de que no proliferen los jueces y fiscales deshonestos y/o incapaces que favorecen la impunidad, y ello está manos, de manera substancial, del Consejo Nacional de la Magistratura. Quienes ahora conforman esta institución, no ofrecen ninguna garantía. Sin duda, hay a quienes les conviene el actual estado de cosas, pero no deben imponerse. No podemos jugar con fuego. Están en la balanza el Estado de derecho, y nuestra viabilidad como país democrático y civilizado. Actuemos hoy. Ya hemos perdido suficiente tiempo.