La presión mediática sobre jueces y fiscales que ven casos de corrupción es saludable en un contexto como el nuestro en el que, en demasiadas ocasiones, la actuación del Poder Judicial y del Ministerio Público deja dudas, cuando no es escandalosa. Ello no quiere decir que sea lo óptimo, pues los magistrados deberían poder ejercer sus funciones, lejos de los reflectores y con la máxima serenidad y así decidir de acuerdo a su conciencia y, no influidos o intimidados por titulares en diarios y programas de radio y televisión. Es decir, esa presión es un recurso en manos de la sociedad que cobra sentido solo ante la falta de credibilidad del aparato represivo.  

Lo curioso es que, en lo respecta a otra institución encargada de la lucha contra la corrupción, la Contraloría General de la República, se está dando la situación inversa. Es su nuevo titular, Edgar Alarcón, el que ha decidido ejercer su función bajo los reflectores, poniéndose en escena ante las cámaras y los flashes. Así lo ha proclamado en una entrevista concedida a Fernando Vivas de El Comercio, y ya está actuando de esa manera. ¿Es lo mejor?

En realidad, es muy inquietante por los efectos que puede tener en el accionar de los organismos públicos. Recordemos que uno de los factores de la lentitud del aparato estatal, es la negativa de muchos funcionarios a firmar documentos ante el terror que sienten por las intervenciones de la Contraloría, que, en las más de las veces, no tienen que ver con corrupción, sino con pequeñas formalidades administrativas, pero que, de todos modos, pueden dar lugar a sanciones y hasta procesos penales. Lo peor, es que, con frecuencia, los problemas se dan solo por diferencias de interpretación de las normas. Ello, mientras, en paralelo, como se ha denunciado respecto de la gestión de Fouad Khoury, y de la que el señor Alarcón fue parte, se deja pasar los elefantes de la corrupción. ¿Se imaginan si, además, se hace correr el riesgo a los burócratas de que sus nombres sean expuestos a la luz pública y enlodados? Los corruptos tienen “piel de chancho”, y no se ven muy afectados. Los honestos, en cambio, sí sufren por el deshonor. ¿Puede darse el Perú el lujo de tener una administración tetanizada?

Si el contralor encuentra irregularidades en el caso de los patrulleros comprados por el ministerio del Interior, pues que haga su trabajo y formule la denuncia penal correspondiente. Lo que no puede hacer, es conceder una entrevista a un canal de televisión sobre el tema, antes de enviar un oficio con sus observaciones al ministerio. Esa actitud es aún más incomprensible si se tiene en cuenta que él acompañó el proceso de adquisición, y, si bien formuló sugerencias en su momento de manera oficial, no se refirió a irregularidades. Sin embargo, ahora, ante cámaras, insinúa que sí las hubo.

La lucha contra la corrupción no puede convertirse en un circo romano, ni en un programa de “ampays”, ni, tampoco, en un “reality” a lo Laura Bozzo. El vedetismo no ayuda. Al revés, es contraproducente.