A estas alturas, no puede haber la más mínima duda de la estrecha relación entre ambos flagelos. No obstante, por lo que hemos oído a lo largo de la actual campaña electoral, tanto en la primera como en la segunda vuelta, se puede concluir que esa realidad no es reconocida plenamente por gran parte de los políticos. Ello, a partir, no solo de sus propuestas electorales, sino de sus intervenciones a través de columnas de opinión y de entrevistas que permiten medir la claridad de ideas y el grado de compromiso.    

En lo que se refiere a las dos candidatos que han quedado en liza para disputar la Presidencia de la República, el próximo domingo, y a sus respectivas organizaciones, hemos podido escuchar a Keiko Fujimori hablar, entre otros aspectos, de potenciar la Procuraduría anti corrupción. También se ha referido, secundada por su nuevo especialista, el ex general PNP Eduardo Perez Rocha, de su intención de separar a los malos policías.

En la tienda de “Peruanos por el Kambio”, mientras tanto, se ha insistido en la necesidad de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), como factor clave de la solvencia profesional y la probidad de jueces y fiscales, así como en la urgencia de refundar la institución policial, tomando como ejemplo lo realizado en Colombia hace unos años. Quien ha sido especialmente incisivo en ese ámbito, ha sido el ex ministro del interior, Gino Costa, quien, no solo se ha pronunciado reiteradamente al respecto sino que, además, ha participado de movilizaciones para exigir cambios en el CNM. Es decir, se ha comprado el pleito.

Mirando más allá, la pregunta obvia es si la candidata de Fuerza Popular, que ha mantenido en su entorno más cercano a un personaje investigado por lavado de activos, está realmente decidida a luchar contra la corrupción, y, por lo tanto, contra la inseguridad. Sin duda, tiene a su lado, también a personas como el mencionado Perez Rocha, y, en otros campos de acción, a Elmer Cuba y Vladimiro Huaroc, que son profesionales reconocidos y no cuestionados. Sin embargo, no nos olvidemos que Alberto Fujimori también contó en su gobierno, con el concurso de elementos competentes y que no incurrieron en actos delictivos, pero, a la vez, formó una sociedad mafiosa con Vladimiro Montesinos que copó en particular, precisamente, los aparatos de seguridad, el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Qué garantías tenemos de que no vuelva a ocurrir lo mismo en un eventual gobierno de Keiko Fujimori?

Después del anuncio del robo de la documentación contable de las empresas de Joaquín Ramirez y del escándalo del audio entregado por José Chlimper a Panamericana, es difícil no estremecerse al hacer esa pregunta.