Algunas voces, entre las que destaca, otra vez, la del secretario general de la OEA, Luis Almagro, han acusado al Congreso brasileño de haber actuado, respecto de Dilma Roussef, como si en el país carioca estuviera vigente el sistema parlamentario y no el presidencial.   

En el primer tipo de régimen, como se sabe, quien conduce el gobierno es el primer ministro o figura equivalente, y las crisis políticas suelen resolverse mediante su censura, por el Poder Legislativo. En cambio, en el segundo, quien lleva las riendas del Poder Ejecutivo, es el Jefe de Estado, y su apartamiento del cargo, solo puede darse por motivos y a través de un procedimiento, establecidos en la Constitución.

Los reclamantes consideran que, en el caso de la sucesora de Lula, no ha existido causal que justifique la apertura de un proceso y la suspensión en el cargo, y que, por lo tanto, se ha violado la Constitución, llegándose incluso a calificar lo actuado de “Golpe de Estado”.

En realidad, se está ante una diferencia en la interpretación de la Carta Magna. Los pasos procesales han sido seguidos escrupulosamente y sí ha existido una falta de la mandataria. El Congreso ha determinado que ésta justifica el procedimiento y el Tribunal Supremo ha fallado a su favor. El Partido de los Trabajadores y sus aliados, opinan distinto.

No sólo en Brasil, sino en otros países en los que imperan sistemas presidenciales, la Constitución da un amplio margen interpretativo a los Parlamentos a la hora de aplicar las normas que permiten destituir a los Jefes de Estado. En el Perú, la “incapacidad moral”, sin mayores precisiones, puede dar lugar a la vacancia presidencial. En otras palabras, se deja un gran espacio al juego de la política, aún la más menuda. Las fuerzas en el Congreso están habilitadas a hacer valer sus intereses del momento. Se puede deplorar esa realidad, pero es constitucional y forma parte de la democracia. Después de todo, el Poder Legislativo es una institución política, con todo lo que ello implica en términos de grandeza y de pequeñez.

En Estados Unidos, el ex presidente Clinton, fue objeto de un intento frustrado de “impeachment”, por considerarse que había mentido en cuanto a su relación con Mónica Lewinsky. En estos últimos años, Barack Obama, ha sido objeto de un verdadero sabotaje por las cámaras dominadas por los republicanos, al punto de ser chantajeado con dejar sin fondos a la administración federal, para obtener el retiro de varias de sus iniciativas.

En la arena de las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, cuando los límites constitucionales son laxos o imprecisos, lo que define el curso de los acontecimientos es, finalmente, el grado de responsabilidad de los políticos.