Está en lo correcto el secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuando expresa su preocupación ante la manera en que se viene desenvolviendo el proceso electoral peruano. No obstante, tiene que ser muy responsable a la hora de escoger sus palabras, pues pueden tener consecuencias, por provenir, precisamente, de quien ocupa tan alto cargo.   

Es posible que el funcionario se haya inspirado en el artículo escrito hace una semana por Steven Levitsky, quien compara las exclusiones, en particular la de Julio Guzmán, con lo sucedido en Argentina cuando se excluyó al peronismo, o en  Turquía cuando se proscribió al Partido Islámico. Sin embargo, como ya lo señalé anteriormente, no estamos en una situación comparable, pues, en esos casos, se dejaba al margen a fuerzas arraigadas en la sociedad. En cambio, como han dicho Carlos Meléndez y otros analistas, la intención de voto de Guzmán era “prestada” y volátil. Tan es así, que no sólo no pudo movilizar a mucha gente en torno suyo cuando quiso protestar, sino que las preferencias a su favor señaladas por las encuestas, fueron a parar, en gran parte, a candidatos con ideas muy distintas de las suyas, como Alfredo Barnechea, y, más aún, Verónika Mendoza. A él le tocó, de casualidad, encarnar el deseo de cambio de una parte de la población, pero no generó una verdadera adhesión. Es malo para la democracia que haya sido excluido, como también César Acuña, pero mantengamos la perspectiva.

Acá no estamos bajo un régimen autoritario como el de Venezuela, frente al cual, hay que destacarlo, el señor Almagro se ha mostrado firme como correspondía, a diferencia de su antecesor.

Sin duda, nuestras autoridades electorales se han mostrado erráticas, posiblemente, en algunos casos, por connivencia con algún partido, como se ha especulado sin aportar pruebas, pero también, porque las normas vigentes existentes no los han ayudado. No se puede pasar por alto el papel crucial en el desmadre actual, de parlamentarios con metralleta que, a fines del año pasado, dispararon contra la institucionalidad, adoptando una ley que es una suerte de arma de destrucción masiva.

Ya nuestro proceso electoral está dañado, pero no ha perdido total legitimidad. No se puede añadir a su desprestigio con palabras imprudentes. A nivel interno, muchos hablan demasiado fácilmente, a mi juicio, de “fraude”, y de suspender las elecciones, lo que, creo, solo agravaría aún más las cosas. No ayude a descarrilar completamente el proceso, señor Secretario General. Los que pagaremos las consecuencias, seremos nosotros los peruanos. A usted solo le tocará lamentar el desastre desde Washington.