Las conversaciones parecieron seriamente comprometidas en las últimas semanas, tras el rompimiento por las FARC de la tregua unilateral que habían decretado en diciembre del año pasado y que habían efectivamente respetado, salvo por unas pocas acciones, durante 5 meses. El gobierno había respondido el gesto a inicios de marzo, suspendiendo los bombardeos aéreos contra los campamentos de la guerrilla, aunque sin por ello renunciar a su política de negociar manteniendo la presión militar. Tras el cese de la tregua, los ataques y atentados de las FARC se multiplicaron bruscamente entre fines de mayo y comienzos de julio, alcanzando casi la cifra de 300, con un saldo de decenas de muertos y heridos, así como graves daños materiales. Más aún, los guerrilleros también afectaron seriamente el medio ambiente, al emprenderla contra oleoductos y camiones cisterna, provocando el derrame de grandes cantidades de combustible en la selva. Las FARC parecían haberse lanzado a una frenética carrera para forzar al gobierno a aceptar un cese al fuego bilateral. En paralelo, las conversaciones en La Habana se estancaron y el escepticismo de la opinión pública respecto del proceso de paz, que ya era una constante, se disparó, llegando al altísimo porcentaje de 80% de descontentos.  

Felizmente, con intervención de los países garantes de por medio, los subversivos han recapacitado, anunciado un nuevo cese del fuego unilateral a partir del 20 de este mes, aunque ya no indefinido como el anterior, sino por treinta días. El gobierno ha respondido prometiendo a su vez reducir las operaciones de las fuerzas armadas. No se trata exactamente de una tregua bilateral, sino de lo que se llama “el desescalamiento” del conflicto. Consciente, sin embargo, de que el tiempo juega en su contra, por la impaciencia de la población y la presión de la oposición uribista, Juan Manuel Santos ha fijado un plazo de 4 meses para la firma de la paz. En ese lapso, se deberá entonces cerrar las brechas todavía existentes entre las posiciones de las partes.

El punto más sensible es, sin duda, el del posible castigo que reciban los líderes de las FARC, en el marco de lo que se denomina “justicia transicional”. Obviamente, estos últimos se oponen rotundamente a ir a la cárcel, aunque sea por un tiempo bastante reducido respecto de la pena que les debería corresponder por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, si los grupos paramilitares lo aceptaron en su momento, no hay razón para que la guerrilla pretenda sustraerse. Menos aún si, por su parte, los miembros de las fuerzas del orden que cometieron excesos y delitos, también son objeto de procesos.

Veremos si el presidente Santos gana su apuesta y alcanza su objetivo de dejar como gran legado a su país, el fin del principal grupo subversivo. Ello, por cierto, podría conducir a lograr también un acuerdo con el otro movimiento guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).