Generó polémica esa expresión utilizada por el director de Relaciones Institucionales de Southern Perú Cooper Corporation, Julio Morriberón, al hacer el anuncio, luego desmentido, de la cancelación del proyecto Tía María.  

Sin embargo, más allá de la discusión semántica, hay una realidad: la violencia y la intimidación constituyen herramientas de uso frecuente por los grupos que luchan contra la gran minería formal y, en muchos casos, recorren el país con ese fin. Diversos reportes provenientes de Cajamarca o de Puno, en su momento, o de Arequipa últimamente, han dado cuenta de agresiones y amenazas perpetradas por esos colectivos. No sólo contra instalaciones de diversas minas, sino, peor aún, contra los pobladores y autoridades de las zonas involucradas que sí están de acuerdo con la actividad minera. Así, en relación con las protestas contra Conga, es conocido el caso, entre muchos otros, de un alcalde que se vio forzado a huir de su jurisdicción y el de una estación de radio que fue silenciada. En torno a Tía María, también se han dado a conocer golpizas y actos de amedrentamiento perpetrados por opositores al proyecto.

Obviamente, no se puede reducir las protestas anti mineras a ese tipo de andanzas. Se trata de un tema complejo que combina motivos legítimos de preocupación para pobladores y campesinos, malas prácticas de diversas empresas, e indolencia del Estado, entre otros factores. No obstante, está claro que la violencia es muy útil para los anti mineros ideológicos. Por un lado, permite dispersar e inhibir a los que están desacuerdo con ellos, y, por esa vía, inclinar tramposamente a su favor la expresión de la opinión, dando una imagen distorsionada, en mayor o menor medida, de lo que sucede; por otro lado, si la violencia es respondida torpemente por las empresas y/o las autoridades, generándose heridos, y, “mejor aún”, muertos, entre los manifestantes, se produce una amplificación de la protesta. Nada nuevo bajo el sol: es la fórmula ganadora de siempre.

Lamentablemente, organizaciones como Cooperacción o Ser, entre otras, se pronuncian de manera muy tímida, cuando no la silencian, contra la violencia anti minera. Se limitan a condenas generales e inocuas, en contraste con el fuego que habita sus pronunciamientos sobre los excesos policiales.

Lo grave es que cuando la gran minería formal se retira, ganan la minería informal y las mafias de diverso tipo y pierden con toda seguridad el medio ambiente y la economía del país. Si ello se da en un lugar, que sea por problemas insolubles de verdad, de orden técnico-ambiental u otros, y no como consecuencia del accionar de los extremistas.