Por lo visto, a Carlos Ramos le tiene sin cuidado que la credibilidad del Ministerio Público sufra tremendamente con su permanencia como Fiscal de la Nación mientras es objeto de investigaciones iniciadas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Congreso. No es capaz de hacer un gesto de desprendimiento en favor de su institución, pidiendo licencia hasta que se resuelva su situación. Sólo un enemigo puede comportarse de esa manera.  

Naturalmente, mientras él siga en su puesto, no puede prosperar procedimiento fiscal alguno en su contra en base a los indicios revelados por la prensa, de actitudes favorables al crimen organizado. El conflicto de interés es obvio y escandaloso. Tanto, que ha llevado a Pro Ética a retirarse de la Comisión de Alto Nivel Anti Corrupción (CAN) del gobierno, para no compartir la misma mesa con la cuestionada autoridad.

En ese marco, también llama la atención la actuación del CNM, no sólo por no haber suspendido a Ramos, sino por demorar tanto las investigaciones. Peor aún, se ha anunciado que éstas terminarán en febrero, es decir, el mismo mes en que los consejeros designados por las universidades públicas y privadas, llegarán al final de su mandato y serán por lo tanto reemplazados por nuevos miembros, elegidos a inicios de este mes contra viento y marea, y no obstante los cuestionamientos de diversas organizaciones y analistas. Uno no puede sino ser suspicaz y preguntarse si no hay una maniobra en curso para dilatar aún más las investigaciones, bajo el argumento de los cambios en la composición del CNM y así permitir a Ramos seguir al frente de su institución. Lo mismo se aplicaría, por cierto, al otro fiscal supremo investigado, José Peláez.

A todo ello, y oscureciendo aún más el panorama del Ministerio Público, se ha sumado la semana pasada, la publicación, por la Defensoría del Pueblo, del Informe Defensorial Nº 168, en el que se da cuenta del archivamiento indebido de decenas de denuncias por peculado y colusión en los distritos fiscales de Lima, Ancash, Ayacucho y Junín.

Es decir, y si tenemos en mente, además, la crisis de la Procuraduría generada hace un mes, está claro que las cosas pintan muy mal en materia de lucha anti corrupción. ¿Para cuándo una marcha de protesta?