Ambos países violan el derecho internacional; sin embargo, sólo Rusia es sancionada por Occidente.  

La potencia europea, como se sabe, le arrebató a Ucrania la región de Crimea, anexándola, luego de promover la organización de un referéndum local sin las más mínimas garantías democráticas. Más allá de que la mayoría de la población del territorio involucrado sea de origen ruso y aparezca por lo tanto como favorable a lo sucedido, el hecho es que el proceder de Moscú constituyó un claro incumplimiento de la carta de las Naciones Unidas.

Ahora, Rusia va por más, mediante su ofensiva militar en el Oriente de Ucrania; no sólo a través del movimiento separatista local, sino también enviando sus tropas y material bélico, a los que previamente despoja de todo signo de identificación, como una manera de tapar con un dedo la realidad de su agresión a un Estado soberano. Diversos indicios apuntan a que se prepara una inminente campaña en la región, teniendo muy probablemente, como objetivo, entre otros, la ciudad portuaria de Mariupol. Las fuerzas de Kiev no pueden competir con las rusas, por lo que es previsible que sean aplastadas, aunque no sin oponer una fuerte resistencia.

Por su parte, Israel consolida su ilegal ocupación de Cisjordania, prosiguiendo con la construcción de asentamientos judíos en ese territorio palestino, así como en la parte oriental de Jerusalén, anexada tras la guerra de 1967, también en violación de la carta de la ONU.

No sólo eso. Tras los recientes atentados terroristas cometidos contra sus ciudadanos, el Estado hebreo ha caído también en la barbarie, demoliendo las casas de las familias de los autores de los ataques, a manera de castigo colectivo, tal como ha sucedido en otras oportunidades. Por cierto, no ha hecho lo mismo con las residencias de las familias de los extremistas judíos que han asesinado palestinos, confirmando el carácter discriminatorio y racista de sus políticas. En la misma línea, recientemente, se restringió el uso de unos buses a los judíos, excluyendo a la población árabe. Todo ello, sumado a otras medidas, ha llevado a que se hable cada vez más del “apartheid israelí”. La cosa va para peor, ya no sólo en Cisjordania y Jerusalén Oriental, sino dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas del país, si se aprueba un proyecto de ley gubernamental que define oficialmente a Israel como un Estado judío, excluyendo al 20% de su población de origen árabe.

Ante tantos atropellos, los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, se han contentado fundamentalmente, hasta hace poco, con expresar su mal humor a través de llamados y advertencias al gobierno de Benjamín Netanyaju, en lugar de imponer sanciones, como corresponde por un mínimo sentido de coherencia y decencia.

No obstante, parece haber una evolución. Así, el diario israelí Haaretz reveló hace dos semanas, la existencia de un documento de trabajo de la Unión Europea, que contempla la adopción de castigos a Israel, en caso de que fracasen definitivamente las negociaciones de paz con las autoridades de Ramallah, encabezadas por Mahmud Abbas. Ello se añade a la adopción, por los parlamentos de Gran Bretaña y de España, de resoluciones llamando a sus respectivos gobiernos a reconocer el Estado Palestino. Aunque sin fuerza obligatoria, se trata de señales importantes. Los legisladores franceses están a punto de seguir el mismo camino. En Suecia, se ha ido más lejos, pues el propio ejecutivo tomó la decisión del reconocimiento.

En otras palabras, podría llegarse al término del escandaloso tratamiento con guantes de seda al Estado infractor, que, en buena cuenta, constituye una actitud de complicidad. Así, se equilibrarían las cosas, por lo menos en parte, respecto de lo que se ha hecho en el expediente ruso. Ya es hora.