Bernard Kouchner, fundador de Médicos sin Fronteras y, posteriormente, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, acuñó, en la década de 1980, el término ”injerencia humanitaria” para referirse a la obligación que, según su planteamiento, le incumbe a la comunidad internacional de intervenir militarmente en aquellos países en los que ocurre un desastre humanitario.  

El derecho no ha recogido esa postura, pero el debate sigue abierto. En los hechos ha sido aplicado en 1993, en Somalia, ante la hambruna desatada por la guerra civil que, ya para entonces, golpeaba a ese país africano. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, autorizó una operación militar, no obstante la oposición del presidente somalí. Algo similar se dio en 1999, cuando, ante las masacres perpetradas por tropas de la ex Yugoslavia contra la población de Kosovo, la OTAN intervino, bombardeando Belgrado hasta obtener del entonces presidente Slobodan Milosevic, que ordenara el retiro de sus fuerzas de la región rebelde. La diferencia con el caso anterior es que no hubo autorización de la ONU para tal acción.

Respecto de la dramática situación de Venezuela, también han surgido propuestas en ese sentido. Incluso, el presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó en un momento con enviar tropas al país al llanero para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, recibió como respuesta el rechazo de la oposición venezolana que hizo valer la necesidad de una salida pacífica a la crisis. Varios gobiernos latinoamericanos se pronunciaron en el mismo sentido.

No obstante, ante las dimensiones del flujo de venezolanos que huyen para sobrevivir, y los problemas que encuentran los países de la región que los acogen, es imaginable que la idea de la intervención militar esté rondando las cabezas de algunos mandatarios. La motivación tendría menos que ver con el tema humanitario que con una cuestión de seguridad nacional, no sólo porque los servicios de los diferentes Estados se están viendo desbordados sino también por reacciones de determinados sectores sociales y las consecuencias políticas que podrían derivarse. Por lo pronto, en el Perú vemos cómo un candidato a la alcaldía de Lima azuza irresponsablemente a la población con un discurso xenófobo.

Es decir, la situación en Venezuela ha dejado de ser un tema meramente interno para convertirse en un asunto regional.

En Europa, ante la llegada en gran número de inmigrantes y refugiados africanos, sirios y afganos en particular, las autoridades nacionales y de Bruselas han adoptado con algunas medidas para frenar los flujos antes de que alcancen el suelo del Viejo Continente. Así, se suscribió un acuerdo con Turquía para que, a cambio de una fuerte suma, este país impidiera los embarques hacia Grecia. Asimismo, se negoció con milicias de Libia poco escrupulosas para que hicieran lo mismo en las costas bajo su control. También se ha puesto a contribución al gobierno de Níger cuyo territorio se convirtió en una especie de “hub” para los emigrantes de esa zona de África, antes de emprender el viaje hacia el mar Mediterráneo.

Obviamente, no hay ninguna posibilidad de hacer algo similar respecto del caso de Venezuela. Hasta ahora, según la ONU, alrededor de 2,3 millones de venezolanos han salido de su país. Ya estamos viendo una suerte de desesperación en las autoridades colombianas, ecuatorianas, brasileñas y peruanas, entre otras. Es previsible que pasen a un estado de pánico muy pronto, más aun teniendo en cuenta que Venezuela tiene 31 millones de habitantes y que las cosas no tienen visos de mejorar allá, muy por el contrario. Es lógico entonces que se esté pensando que la única opción sea acabar con la fuente del problema, es decir, el régimen chavista. Ya se está diciendo en Colombia, aunque en entre líneas. Una acción en ese sentido, sin embargo, no sería posible sin la participación norteamericana. Quién sabe, de repente, en estos momentos, algunos están tocando la puerta de la Casa Blanca.