El Perú ha adoptado una posición de liderazgo respecto de la situación de la democracia en Venezuela, puesta en serio entredicho por el régimen encabezado por Nicolás Maduro debido a su empeño en mantenerse en el poder a toda costa. El presidente Pedro Pablo Kuczynski se ha mostrado desde el inicio de su mandato como un crítico muy severo de las acciones del heredero de Hugo Chávez y de sus socios, y ha alentado diversas iniciativas regionales destinadas a presionarlos para que respeten el Estado de derecho. Ello, obviamente, ha llevado a que las relaciones bilaterales con el país llanero se deterioren seriamente, llegando incluso hasta la expulsión del embajador venezolano por nuestro Gobierno, y a la adopción de una medida de retorsión equivalente por Caracas.   

Ahora, es muy posible que se nos abra un nuevo frente diplomático en el vecindario, y, más exactamente, con Bolivia, por un motivo de fondo similar: la violación de las normas constitucionales en aras de la permanencia del gobierno de turno.

Como se sabe, el presidente Evo Morales cumple actualmente su tercer mandato consecutivo, tras ser reelegido en 2014 gracias a una “interpretación auténtica” de la Carta Magna de su país, al estilo de Alberto Fujimori, que le permitió presentarse a los comicios de ese año, no obstante que ya había alcanzado el límite de dos períodos. No contento con ello, el gobernante propició en febrero de 2016 la realización de un referéndum sobre una reforma constitucional que le abriera la vía hacia una nueva postulación, en 2019, para otro mandato más, que sería el cuarto. Para su sorpresa, la población votó mayoritariamente en contra de su propuesta, con lo cual, en principio, su pretensión quedaba enterrada. No obstante, parece que el virus autoritario es demasiado fuerte, pues, de la “interpretación auténtica” de la Constitución se pasaría ahora a su violación sin tapujos, mediante un estrambótico recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, en el que se alega que la limitación del número de mandatos presidenciales, como de cualquier otro de origen popular, “atenta contra el derecho humano” de ser candidato. Es decir, la alta instancia estaría llamada a fallar en contra de la Carta Magna que, supuestamente, debe resguardar. Ello, además de desconocer la voluntad popular expresada en un referéndum. Si, como muchos en la oposición boliviana temen, pues dudan de la independencia del Tribunal, la decisión, prevista para antes de fin de año, resultase favorable a la nueva reelección, se configuraría un golpe de Estado, por más que se le revistiera de un disfraz supuestamente jurídico.

En tal caso, sería muy difícil para el Perú, como para los demás Estados de la región y del mundo democrático, cerrar los ojos y no reaccionar adoptando medidas en contra del gobierno boliviano. Así, por ejemplo, ¿Podría en ese contexto llevarse a cabo una nueva reunión de gabinete binacional entre ministros peruanos y bolivianos?

Menudo problema que se viene para nuestra cancillería, si es que, como todo indica hasta ahora, Evo Morales insiste en atornillarse a su sillón presidencial. Naturalmente, dado que las relaciones bilaterales con el vecino país son de primera importancia, sería necesaria mucha prudencia y está descartado el protagonismo exhibido en el caso venezolano. Es de suponer que ya se está evaluando los escenarios posibles. A su vez, en Bolivia deben saber que una violación de ese calibre de las normas democráticas podría significar un alto costo a pagar en términos de relaciones internacionales. El régimen todavía está a tiempo de rectificarse.