espera despierta

¿Contralor o cogobernante?

Publicado: 2017-07-02

En rigor, Fernando Zavala, Martín Vizcarra y Alfredo Thorne no se reunieron con el Contralor, en el sentido en que este funcionario es definido como tal por la Constitución y la Ley. Lo hicieron con un personaje que si bien, ostenta, por ahora, ese título, ya había dado, antes del caso de Chinchero, muestras suficientes de no querer ceñirse al marco estricto de sus competencias, al interferir en la facultad de decisión discrecional del Ejecutivo y de las autoridades administrativas. Es decir, en lugar de centrar su actuación en el control de la legalidad de las decisiones, Edgar Alarcón se había permitido cuestionarlas desde el punto de vista técnico. Pretendía convertirse así en un ministro bis o en un director ministerial bis. Más aún, ya había exhibido su tendencia a presentarse excesiva y prematuramente ante los medios para atribuir posibles irregularidades e incluso responsabilidades penales a diversos funcionarios, no solo sin mayor fundamento, sino también antes de siquiera de enviar sus informes a los aludidos para que, en todo caso, éstos pudieran responder, mancillando así alegremente honras, a la vez de violar la reserva que corresponde a los procedimientos de control.  

Si algo trasluce del audio de la conversación sería, sí, cierta ansiedad de los ministros ante la necesidad de reactivar la inversión, y el hecho de no saber a qué atenerse con un irresponsable que no respeta las reglas y que, al contar con mucho poder, tiene gran capacidad de daño. Con mayor razón aún, si, además, su interlocutor daba signos de querer bailar al ritmo de la música proveniente de una tienda política.

Más allá de ello, y de cierta torpeza de los altos funcionarios, no hay nada irregular, según diversos entendidos, en que éstos tuvieran una reunión con el Contralor, como tampoco se percibe algo reprobable en lo que dijeron, a pesar de que, desde la oposición parlamentaria y mediática, determinadas voces sostengan que hubo una presión inaceptable a Alarcón e incluso un chantaje. En todo caso, el Ministerio Público y el Poder Judicial serán eventualmente los llamados a zanjar la controversia.

Lo que sí preocupa extremadamente es el enorme daño infligido a la Contraloría por el vendedor de autos y, por esa vía, a la marcha del Estado, con los consiguientes graves efectos en la economía.

Esperemos que gobierno y oposición vean como un deber patriótico el ponerse de acuerdo para nombrar, esta vez sí, a una persona que dé todas las garantías, moral y profesionalmente, para encabezar esta crucial institución.

Ello, como un primer paso para reformarla profundamente y ponerla, por primera vez en décadas, en condiciones de cumplir cabalmente su rol de control de la legalidad de los actos de la administración pública, sin usurpar competencias ajenas ni paralizar al Estado.


Escrito por

Francisco Belaunde Matossian

Analista político internacional. Panelista de programa TV Perú Mundo de Canal 7. Profesor universitario


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