En el diario israelí Haaretz, se narró hace unos meses el caso de un campesino palestino que vive en Cisjordania, es decir, en su país, y que, por disposición de las autoridades de ocupación israelíes, solo puede acceder a su lote de tierra dos veces al año: para la siembra y para la cosecha. Ello, porque, entre su casa y su campo de cultivo, se construyó una autopista para uso únicamente de colonos judíos, no para palestinos. De ese modo, el pobre hombre se ve impedido de llevar a pastar sus ovejas y carneros. Su derecho de propiedad se ve gravemente conculcado.  

Más recientemente, en el New York Times, Raja Shenaleh, un abogado palestino, narró la odisea que le representó atravesar una parte de su país, que es apenas un poco más extenso que nuestra provincia de Cañete, desde Ramallah, la capital, hasta la frontera con el Estado hebreo y, de ahí, al aeropuerto. Lo que, según él, hace 20 años tomaba 50 minutos, ahora le significa salir con 5 horas de antelación para tomar su vuelo. Ello, no por la intensidad del tráfico como se da en nuestra caótica Lima, sino por la multiplicación de puestos de control del ejército israelí que pueden implicar horas de espera y estar sometidos a la buena o mala voluntad de los soldados que, si les viene en gana, pueden impedir el paso y obligar a buscar otra ruta. A ello se añade también el cierre de vías, decretado de manera abrupta, sin aviso, salvo para el paso de colonos judíos.

A lo anterior, que es pan de cada día, se suman numerosas otras arbitrariedades, empezando por la colonización misma, en violación del derecho internacional y que, cada vez más, con la irrefrenable construcción de asentamientos, despoja a los palestinos de sus tierras, para encerrarlos y amontonarlos en espacios geográficos cada vez más reducidos y en buena parte desconectados unos de otros, precisamente, por los puestos de control, y la existencia de vías exclusivas para judíos. A los palestinos, se les hace incluso extremadamente difícil obtener licencias de construcción para sus casas y negocios, en aquellas zonas de Cisjordania bajo administración civil y militar de Israel y que representan el 61% del territorio, en aplicación de los acuerdos de Oslo suscritos por Yitzhak Rabin y Yasser Arafat en 1993. Ello, obviamente, viene a ser una manera sinuosa y oculta de desplazamiento forzado de población, lo que constituye un crimen de guerra. Mientras tanto, en Jerusalén Este, anexada por el Estado Hebreo, burlándose también en este caso del derecho internacional, se multiplican las destrucciones de casas de palestinos, bajo el pretexto de que son informales, para instalar en su lugar a nuevos habitantes judíos.

Todo lo descrito y mucho más se viene dando desde hace 50 años, tras la Guerra de los Seis Días, y que representa un larguísimo capítulo de horror en la historia del pueblo palestino que se ve reducido a la condición de subhumano por el ocupante. Lo peor es que la pesadilla amenaza con ser interminable, por la política del primer ministro israelí Benjamín Netanyaju que, en alianza con la extrema derecha de su país, favorece la expansión de la colonización en Cisjordania y, de esa manera, hace materialmente casi imposible que pueda hacerse realidad la creación de un Estado palestino, al lado de Israel. Sin duda, la culpa por el estancamiento de las conversaciones para alcanzar ese fin, no es de un solo lado, pero está claro también que, por lo señalado, el Estado hebreo carga con la mayor parte.