Parece que, en el Perú, las recomendaciones del juez brasileño Sergio Moro han caído en saco roto. Palabras más, palabras menos, él dijo que no había que estrangular a las empresas implicadas en delitos que decidían colaborar con la justicia, porque el resultado sería desanimarlas de seguir colaborando.  

Es lo que puede pasar con Odebrecht, y peor aún, con otras empresas cariocas implicadas en casos de corrupción. En ese sentido, es inquietante la información publicada por el diario La República en su edición del lunes 6 de marzo, según la cual, diversas medidas de embargo y retenciones están dejando sin liquidez a Odebrecht. A ello se suma la negativa de la procuradora Katherine Ampuero Meza a dialogar para llegar a un acuerdo sobre el monto de la reparación civil, dejando a la entidad brasileña en la incertidumbre sobre lo que tendría que pagar al final y que podría paralizarla. Obviamente, quienes deben estar celebrando esta situación, y, eventualmente, alentando a que se mantenga, son todos aquellos funcionarios corruptos que todavía no han sido delatados y, que podrían librarse del castigo que merecen. ¿Se les dará gusto?

Pero no es solo en el plano de la justicia en el que la falta de tino y de sentido estratégico en el tratamiento del caso Odebrecht, puede tener efectos contraproducentes para el país. Nuestra economía también puede verse perjudicada. Ya lo está siendo, al punto en que las previsiones de crecimiento de este año han sido rebajadas por el gobierno y por consultoras privadas. Es inevitable, pero no podemos permitirnos llegar al extremo de un escenario de recesión. El mismo diario antes mencionado, advierte que Odebrecht no estaría en condiciones de pagar este mes a sus miles de trabajadores y a sus proveedores en marzo. Por las dimensiones de las operaciones de la empresa brasileña, se trataría de un hecho particularmente grave. Peor aún si Graña y Montero también se viera asfixiada. Varias voces advierten que, en ese caso, podría producirse una ruptura de la cadena de pagos que afectaría incluso al sector financiero y paralizaría gran parte de las actividades en el país. Si bien se espera que un próximo reglamento del gobierno ayude a prevenir ese escenario, ello no exime a las demás autoridades competentes en el caso Odebrecht de su obligación de evitar actuaciones que terminen convirtiéndose en un búmeran, no solo para la economía, sino también para la justicia.