Es un elemento muy importante en la lucha contra la corrupción. Como se sabe, las altas autoridades del Estado, como el Presidente de la República, los ministros, los fiscales y jueces supremos, y los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros, gozan de la figura del antejuicio, es decir, que no pueden ser procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin la venia del Congreso, y, específicamente, de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales. En consecuencia, la actuación de este grupo, conformado por 15 parlamentarios, tendría que estar sujeto a un estricto escrutinio por parte de la prensa y de la opinión pública.  

Lo anterior viene a cuento debido a la controversia que se generó por la designación, por la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, del ex miembro del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto Cruz, como integrante de una comisión especial  sobre la reforma del Código Procesal Constitucional, y que al final abortó por renuncia del interesado. Eto Cruz había sido denunciado por un colaborador eficaz del proceso seguido contra el ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, de haber recibido una coima de 80 mil dólares. En virtud de ello, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pidió al Congreso anterior, hace casi un año, el levantamiento de su inmunidad para que pudiera responder ante la justicia. Sin embargo, el pedido fue rechazado, al considerarse, según lo señalado por la ahora ministra e integrante en ese entonces de la Sub Comisión, que la declaración de una sola persona no era un elemento de prueba suficiente.

La pregunta que cabe hacerse es si, en todo caso, no corresponde precisamente a las autoridades judiciales determinar la culpabilidad o no de un denunciado, y en consecuencia, lo pertinente era dejar que la situación del ex magistrado se decidiera en el proceso penal. Ello, más aún, teniendo en cuenta, que para el momento del pedido de Pablo Sánchez, Eto Cruz ya había dejado el Tribunal Constitucional, y, por lo tanto, no se perturbaría el funcionamiento de este organismo. El asunto es ciertamente discutible y deja un mal sabor de boca que se acentúa si se tienen en mente las polémicas generadas por algunas decisiones de las que participó el letrado, como aquella de 2009 que, increíblemente, inventó una supuesta obligación constitucional del Estado de asumir una política arancelaria proteccionista, favoreciendo así a la industria cementera local.

Por cierto, sería interesante saber qué ha pasado con otros casos de acusación, como el del ex Fiscal de la Nación, Carlos Ramos.

En general, la Sub Comisión debería notificar previamente a la opinión pública, a través de los medios, cada vez que se reúne y qué expedientes va a tratar, así como, posteriormente, las resoluciones adoptadas. No hay que tenerle miedo a los reflectores. En materia de lucha contra la corrupción, son indispensables.