Es indudable que, en el Perú, somos muy dados al sebo de culebra legislativo. Se suele adoptar leyes con la pretensión de que corrijan mágicamente determinadas situaciones, a las que, por lo demás, se suele llegar, no por defectos de las reglas existentes, sino por falta de políticas adecuadas, cuando no por corrupción. Eso no sería muy grave si las malas normas tuvieran únicamente como consecuencia, su ineficacia. Lamentablemente, no es así, pues pueden ser muy tóxicas, generando problemas muy serios. Es lo que, por lo visto, se ha dado con varias de las disposiciones electorales actuales.  

Así, se ha querido responder a la falta de institucionalidad partidaria, y a las prácticas censurables que se dan en las campañas electorales, con un sistema de sanciones que abre muy fácilmente la puerta a la exclusión administrativa de candidatos, vulnerando el derecho constitucional a la participación.

Lo peor es que, detrás de esas normas hay, no sólo insuficiencia en la reflexión y/o demagogia, sino también mucha hipocresía. Se han dado para tapar la negativa a emitir otras, estas sí necesarias, que apunten, por ejemplo, a sancionar de verdad, es decir, con penas de cárcel, el incumplimiento de las reglas en materia de financiamiento de las campañas. Es lo que ha perpetrado el actual Congreso que, además, ha tenido el cuajo de permitir a las organizaciones políticas, en su  mayoría cascarones vacíos, retirarse del proceso electoral en curso, para salvar su inscripción ante la ONPE, y, así, poder ofrecerse en alquiler a los aventureros de los próximos comicios.

Como resume la caricatura de Carlín de ayer, en el diario La República, la responsabilidad de lo que viene ocurriendo en el actual proceso hay que buscarla sobre todo en el edificio de la Plaza Bolívar, sin negar, por supuesto, la que también le incumbe al Jurado Nacional de Elecciones.

Lo señalado respecto de la falta de seriedad en la elaboración de muchas leyes es un problema que ha sido denunciado hace mucho tiempo. Para remediarlo, se planteó que todo proyecto comprendiera un estudio de fortalezas y debilidades, o de virtudes e inconvenientes de las disposiciones propuestas, pero no se da, o, en todo caso, no parece que se dé. No, ciertamente, en el caso de algunas normas electorales. El resultado es que nos encontramos con un problema político gravísimo entre manos, que puede debilitar seriamente nuestra ya endeble democracia. Habrá que ver cómo salimos de ésta, si es que salimos, claro.

La lección a extraer es que los actos y omisiones en el ejercicio de las funciones de gobierno, en el sentido amplio de la palabra, pueden tener efectos mucho más allá de lo que a veces, puede imaginarse. En otras palabras, no olvidemos nunca el efecto dominó de las decisiones en el ámbito de la cosa pública. La irresponsabilidad es altamente peligrosa.