El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) acaba de lanzar una alerta sobre el acoso que están sufriendo los periodistas que cubren el conflicto de Tía María y que son considerados por los anti mineros como “aliados” de la Southern. No sólo son seguidos por personas que los fotografían y filman, sino que también son señalados en las redes sociales y en medios de comunicación que apoyan la protesta, como radio Platinum de Mollendo. Ello, obviamente conlleva un riesgo para la seguridad de los periodistas, y dificulta su trabajo.  

El episodio del sembrado de un arma a un manifestante por efectivos policiales, de ninguna manera puede justificar tales acciones, que, por cierto, recuerdan las agresiones denunciadas en su momento en Cajamarca contra estaciones de radio y hombres de prensa, al punto de silenciarlos, por el sólo hecho de transmitir opiniones favorables al proyecto Conga. Es decir, no se trata de una novedad en la práctica de determinados grupos que se oponen a la minería, como tampoco lo son los ataques contra pobladores en desacuerdo con ellos. Es de imaginar que la represión de voces distintas tiene una influencia en la formación de la opinión en las comunidades.

Tal constatación no implica deslegitimar la protesta en sí misma en Arequipa y en otros lugares, ni exonerar al Estado ni a las empresas de las responsabilidades que les corresponde en el estallido de los conflictos. Por el contrario, se trata de establecer una clara distinción entre los que ejercen su derecho a manifestar pacíficamente y los anti mineros profesionales.

Con ese fin se requiere, no sólo que las autoridades ubiquen y sancionen a los encapuchados autores de los desmanes y del asesinato del brigadier PNP Alberto Vásquez Durán, sino que la opinión pública esté lo mejor informada posible sobre los grupos violentistas en general. Aquí es donde entran a tallar los medios de comunicación. En línea con los esfuerzos de los últimos días, de dedicar primeras planas a los sucesos de Islay y de publicar y emitir reportajes al respecto, sería interesante que fueran más allá. Por ejemplo, se ha sindicado al etnocacerismo, al Movadef, y a Patria Roja pero sin precisiones suficientes. No hay nombres, apellidos ni fotos de los perpetradores ni de sus cabecillas que llegan desde otros lugares hasta la zona de conflicto. Sería interesante saber cómo se han desplazado hacia Islay los hombres de las huaracas, que según el ministerio del Interior, provienen de Cuzco y Puno. ¿A qué se dedican en sus lugares de origen? ¿Quién los financia? También es necesario determinar con exactitud el papel del partido Tierra y Libertad.

Lo anterior es particularmente importante, más aún, teniendo en cuenta la advertencia del ministro del Ambiente, sobre próximas asonadas contra Las Bambas y contra el proyecto, no minero, sino de irrigación, Majes-Sihuas. Entremos entonces al mundo de los extremistas y de los agitadores profesionales, sean éstos pagados o no con lentejas al contado.